El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hoy el desacuerdo del Ejecutivo autonómico con la propuesta presentada por el Gobierno central para iniciar las negociaciones sobre el traspaso de funciones y servicios para la gestión del litoral gallego.
Rueda subrayó que no se puede aceptar un acuerdo que ignora la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que respalda la Ley de Ordenación y Gestión Integrada del Litoral de Galicia (Loxilga), y que menoscaba las competencias legítimas de la Comunidad en esta área.
Entre las principales objeciones, se destaca que la propuesta del Gobierno central sugiere que el Estado conserve la gestión de ciertos títulos de ocupación de forma no especificada, lo que limitaría la capacidad de la Xunta para actuar de manera autónoma en la gestión del litoral.
Además, la propuesta requiere un informe vinculante del Estado para que la Xunta pueda autorizar obras o instalaciones no desmontables, lo que constituiría una **injerencia** en sus competencias territoriales. Asimismo, el borrador no describe claramente los recursos ni la financiación que se destinarían a Galicia para la gestión de su litoral.
El Consello, que revisó el documento inicial enviado por el Ministerio de Política Territorial, destaca la importancia de establecer un acuerdo que respete las competencias autonómicas y permita a Galicia gestionar sus recursos litorales de manera efectiva.
Rueda enfatizó que el Gobierno gallego desea llegar a un entendimiento con el Gobierno central lo antes posible, especialmente después de los meses transcurridos desde la sentencia del TC en abril, que valida los derechos de Galicia sobre la gestión del litoral.
Una vez se formalice la transferencia de los medios y competencias necesarias, la Xunta se compromete a iniciar inmediatamente los procesos relativos a la gestión del litoral, con una perspectiva de cumplimiento que apunta a principios de 2025.
Por otro lado, el pasado 9 de octubre, se constituyó la Comisión Interdepartamental para coordinar la aplicación de la Loxilga, cuyo objetivo es asegurar una gestión integrada y sostenible de las actividades humanas en la costa gallega, protegiendo los ecosistemas locales y garantizando la participación de todos los sectores involucrados.
Galicia se ha convertido en la primera comunidad autónoma en regular exhaustivamente su franja costera a través de una normativa propia que considera las dimensiones social, ambiental y económica de su litoral. La Loxilga incluye una innovadora zonificación que establece las áreas del litoral en función de su estado de conservación y los usos permitidos, aportando un marco de seguridad para el sector mar-industrial y sus correspondientes políticas de gestión.