Belén do Campo informa sobre un nuevo taller de empleo para jóvenes con un presupuesto de casi 410.000 € en Boiro, A Pobra y Rianxo

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, ha presentado hoy un taller de empleo dirigido a personas jóvenes, organizado por los municipios de Boiro, A Pobra do Caramiñal y Rianxo, denominado Xuventude I. Este proyecto se centra en operaciones auxiliares y mantenimiento de sistemas informáticos, y cuenta con una financiación de casi 410.000 euros proporcionada por el Gobierno gallego.

El taller tiene como objetivo ofrecer formación teórico-práctica a 15 jóvenes desempleados, mejorando así su empleabilidad y aportando mejoras en los servicios municipales. Do Campo subrayó la importancia de estos programas en la colaboración entre la Xunta y las entidades locales, especialmente en el contexto del próximo final de otro taller de empleo dual en el mismo municipio, con una inversión total de más de 1,3 millones de euros en los tres programas en curso.

Los participantes del taller realizarán tareas de montaje de equipos informáticos y mantenimiento de sistemas, además de recibir un certificado de profesionalidad tras completar su formación. Esto les permitirá aumentar sus posibilidades de empleo en áreas especializadas.

Este taller forma parte de una convocatoria más amplia, que contempla la realización de 15 acciones en toda Galicia con una inversión total superior a 6,6 millones de euros, dirigidas a beneficiar a 240 jóvenes desempleados. En la provincia de A Coruña se habilitarán 6 talleres, todos para menores de 30 años, combinando la formación con trabajo remunerado durante 12 meses.

Las áreas de formación incluyen atención sociosanitaria, mantenimiento de jardines, carpintería, diseño gráfico y muchas otras. La Xunta cubre todos los costes relacionados con la formación profesional y los salarios de los contratos de trabajo de los alumnos, en el marco de políticas públicas de empleo-formación dirigidas a mejorar la ocupación juvenil.

Estos talleres son accesibles para ayuntamientos y entidades públicas, priorizando a aquellos que puedan ayudar a personas con dificultades de inserción laboral, como emigrantes retornados, mujeres o personas con diversidad funcional.

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