La Xunta de Galicia tiene previsto establecer un nuevo punto informativo de asesoramiento con el objetivo de ayudar a las entidades que deseen solicitar autorizaciones ambientales durante el proceso administrativo. Este recurso garantizará el acceso a la información necesaria y permitirá el cumplimiento de los plazos establecidos para la concesión de autorizaciones.
Así lo anunció la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante una reunión con representantes de varias organizaciones gallegas, incluyendo la Cámara Oficial Minera de Galicia y el Clúster de Energías Renovables de Galicia. En el encuentro se abordaron los aspectos y metas de la futura Ley de administración ambiental simplificada, destacando la creación de este nuevo punto de contacto.
Esta reunión se sitúa dentro de la ronda de contactos que el departamento autonómico inició el mes anterior, con la finalidad de consensuar el documento preliminar con los sectores más relevantes y las entidades que pudieran verse afectadas por la nueva legislación.
Tras la terminación de la fase de consulta previa, que concluyó el 1 de septiembre, la conselleira aprovechó la ocasión para informar a los representantes de las organizaciones sectoriales sobre los próximos pasos a seguir. Se centrará en la redacción del borrador normativo mientras continúa convocando a otros colectivos para recoger sus opiniones e ideas, buscando un texto participativo y consensuado.
Ángeles Vázquez enfatizó la importancia de que organizaciones y entidades expresen los problemas que la nueva norma podría solucionar, asegurando así que la ley responda a las necesidades reales del sector.
Los encuentros continuarán durante noviembre y diciembre, con la intención de presentar un primer borrador de la ley antes de que finalice el año y remitir el proyecto legislativo al Parlamento gallego para su aprobación en 2025.
Es importante señalar que la Ley de administración ambiental simplificada busca posicionar a Galicia como un referente en el ámbito ambiental, con uno de los regímenes más avanzados e innovadores de España, garantizando la seguridad jurídica que tanto necesitan los promotores y las administraciones públicas.