El director general de Justicia, José Tronchoni, participó hoy en la Conferencia Sectorial de Justicia, que tuvo lugar en Córdoba, donde se discutió el Proyecto de Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Tronchoni enfatizó la importancia de que, tras la aprobación de esta norma, el Ministerio de Justicia lidere este proceso de cambio, asegurando que ninguna comunidad autónoma quede rezagada. En este contexto, expresó su preocupación por la falta de un análisis sobre los costos iniciales de implementación, que hasta ahora son desconocidos para Galicia. «Entendemos que a largo plazo esto debería repercutir en una disminución de los gastos, pero los costos iniciales podrían ser significativos», comentó.
Durante el encuentro, también se abordó la situación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia destinados a la transformación digital del servicio público de Justicia. Según indicó Tronchoni, Galicia ha logrado ejecutar más del 97% de los cerca de 15 millones de euros asignados a la región.
Esta ejecución de fondos ha permitido que se cumplan los objetivos marcados, tales como la digitalización de más de 200 salas de vistas en Galicia y la fortaleza de proyectos clave en la digitalización de la Administración General de Justicia. Entre estos proyectos se destaca uno relacionado con infraestructuras, que prevé una inversión de más de 4,3 millones de euros para equipar personal y sedes. Además, en 2025 se prevé una inversión de 203.500 euros para dotar de recursos multimedia a 40 salas de declaraciones.
En términos de seguridad, Tronchoni subrayó los esfuerzos en ciberseguridad, mencionando la implementación de herramientas avanzadas para proteger la información en la Administración de Justicia. Estas iniciativas comenzaron en 2022 y se extenderán hasta el próximo año, con una allocation de casi 2,6 millones de euros.
Los avances en la digitalización del sistema judicial gallego están enmarcados en el III Plan Tecnológico de la Administración de la Justicia en Galicia. Senda 2025, cuyo objetivo es consolidar una justicia más digital y accesible, incrementando su capacidad para ofrecer servicios personalizados a la ciudadanía. Este plan prevé una inversión de 43 millones de euros durante un periodo de cinco años, lo que representa un aumento del 68% comparado con las inversiones de los planes anteriores, Senda 2014 y Senda 2020, que movilizaron 50 millones de euros en diez años.
Aparte, en la Conferencia Sectorial, Tronchoni solicitó información sobre las negociaciones entre el Ministerio y los sindicatos de funcionarios así como con los letrados de la Administración de Justicia, considerados esenciales para la nueva oficina judicial.